La Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (Pro-Competencia) es el órgano encargado de promover y defender la competencia en los mercados de bienes y servicios para aumentar la eficiencia de la economía dominicana.
Su objetivo es generar mayor bienestar a los consumidores y usuarios que interactúan en el mercado dominicano, ascendente a US$60 mil millones.
Dicha entidad tiene el mandato, otorgado por la Ley 42-08 de Defensa a la Competencia, de trabajar en la promoción de la cultura de la competencia y en el reconocimiento de las nuevas normas que rigen el comercio, los negocios, las industrias y las empresas.
“Nuestra ley no castiga el monopolio. La ley verifica las conductas de las empresas que resultan en abuso, la posición de dominio y el acuerdo de prácticas concertadas de comercio, que es cuando un grupo se pone de acuerdo en una misma producción”, explicó la presidenta de Pro-Competencia, Michelle Cohén.
La funcionaria dijo a EL DÍA que esa entidad también es un órgano consultor para las administraciones públicas en materia de competencia.
“Este no es un régimen que viene a latigar y a sancionar, sino a prevenir, instruyendo y dando a conocer la ley, que es lo que estamos haciendo con diferentes asociaciones de empresarios y diversos sectores de la economía”, indicó la presidenta de la institución.
Aun no han conocido casos
Pro-Competencia sólo habla por resolución, pero todavía no ha tenido la oportunidad de hacer sometimientos ni de conocer ningún caso, tres años después de haber sido conformada la Comisión y a seis años de aprobada la ley 42-08.
La funcionario justificó que se requiere por lo menos de cinco años para el establecimiento de la cultura de competencia mediante la promoción académica, por medio de talleres y reuniones con los sectores vinculados, y luego podrían iniciar el conocimiento de los casos complejos, que normalmente tardan 7 años.
Pero para el conocimiento de los casos, la ley establece que primero se debe seleccionar el consejo directivo de Pro-Competencia y su director ejecutivo, que debió ser nombrado 90 días después de aprobada la ley, en el año 2008.
“El Senado es el que ha detenido el conocimiento de los casos, sin esas seis personas no es posible operar”, enfatizó la funcionaria.
Cohén reconoció que el Poder Ejecutivo tiene la voluntad para que se instaure ese Consejo, pero la Cámara Alta no ha respondido.
Cohén reconoció que el Poder Ejecutivo tiene la voluntad para que se instaure ese Consejo, pero la Cámara Alta no ha respondido.
